StopDado que el empadronamiento es un derecho y un requisito para acceder a servicios de atención sociosanitaria municipales, hace años que entidades sociales establecieron un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona con el propósito de agilizar este acceso para las personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Para ello, este convenio posibilitaba la opción de un empadronamiento colectivo (sin pernocta).
En los últimos dos meses el Ayuntamiento ha tomado la decisión unilateral de terminar el acuerdo vigente, notificando a las entidades que ya no podrían llevar a cabo el empadronamiento colectivo de las personas afectadas, sin haber mantenido un diálogo previo sobre las posibles repercusiones de esta medida en dichas poblaciones, y a pesar de contar con un espacio de participación para hacerlo (como por ejemplo, la
“Taula de l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de l’Ajuntament de Barcelona -ESSIR-”). Además, se nos ha notificado la revocación del empadronamiento de aquellas personas que ya estaban registradas en nuestras organizaciones en los próximos 2 o 3 meses. Estas medidas tienen un impacto significativo en los procesos de regularización o en la obtención de ayudas sociales que muchos usuarios y usuarias pudieran haber iniciado, si no tuvieran tiempo de volver a empadronarse de nuevo en un plazo inferior a tres meses.
¿Cuál es la solución que propone el Ayuntamiento para estas personas?
Se les ofrece la posibilidad de realizar trámites para obtener un «empadronamiento sin domicilio fijo», un proceso que teóricamente debería completarse en un máximo de tres meses, aunque en la realidad suele exceder este plazo. Además, para llevar a cabo este trámite, las personas deben solicitar previamente otro documento: un informe de conocimiento de residencia, el cual también puede demorar hasta tres meses en ser otorgado y requiere la intervención de los servicios sociales. Durante este período, las personas que antes tenían acceso rápido a recursos sociales y sanitarios enfrentarán largos retrasos para poder hacerlo, lo que resulta en la vulneración de sus derechos. Se ha creado un grupo de trabajo con el Comitè 1r de Desembre, el Ayuntamiento de Barcelona y el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya para abordar estas casuísticas a medida que se vayan dando.
Un punto a considerar se refiere a cómo el Ayuntamiento verifica la residencia declarada por las personas. Si una persona cambia de domicilio con frecuencia, o si las personas que conviven con ella niegan su residencia (por ejemplo, porque no pueden subarrendar una parte de la vivienda o porque tienen miedo a que les soliciten que se identifiquen), se le rechazará el empadronamiento, lo que implica iniciar nuevamente todos los trámites. Como consecuencia, se comienzan a dar casos de incrementos de cobros abusivos por parte de los propietarios y la aparición de un mercado negro de autorizaciones de empadronamiento.
La disposición anterior proporcionaba a las personas la oportunidad de acceder a recursos sociales y sanitarios mientras buscaban alojamiento y actualizaban su empadronamiento (lo cual ocurría en la mayoría de los casos). Sin embargo, debido al cambio implementado por el actual Ayuntamiento, estas personas verán sus derechos vulnerados, sin acceso a recursos sociales hasta que estén empadronadas y con la posibilidad de que se les niegue la solicitud si no cumplen con los criterios de verificación del Ayuntamiento de Barcelona. Son precisamente las personas más vulnerables las que enfrentarán mayores obstáculos para acceder a recursos básicos y ejercer sus derechos, los cuales deberían ser garantizados por las instituciones.
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